“¿Solo vale el juez Griesa? ” Nota del Diputado Marcelo Torres en “Pagina 12”

 

A los 53 años, el técnico en electrotecnia y licenciado en Comunicación Marcelo Torres vecino de Zarate, preside la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados bonaerense. Integrante de uno de los dos bloques peronistas, el del FpV con 17 diputados, Torres participó desde un principio de las acciones colectivas que fueron coronadas con fallos contra los tarifazos de luz y gas y presentó varios proyectos, entre ellos uno sobre audiencias públicas y otro sobre la suspensión por seis meses de los aumentos.

¿Qué hecho motivó su preocupación por el aumento de tarifas?

–A principios de marzo me llamaron de Tandil. De Cerámica Blanca y del polo metalmecánico me dijeron que no iban a seguir produciendo. Antes, a mediados de enero, yo había presentado un proyecto de emergencia laboral por los despidos de Atucha. La situación se agravaba porque en la provincia se habían parado todas las obras públicas. El nuestro fue el primer proyecto de emergencia laboral de la Argentina. Como la jurisdicción no es nacional sugeríamos formar un observatorio de seguimiento. Justo lo de Atucha era un problema laboral en un lugar vinculado a la generación de energía. Hay que tener en cuenta que cuando en la campaña Daniel Scioli visitó Atucha hasta lo llevaron en andas y habló sin megáfono a viva voz para más de mil personas. Scioli había prometido la continuidad del plan nuclear. Con Macri en la Presidencia empezaron los despidos en Atucha y vino la declaración de la emergencia energética. Empecé a darme cuenta de que los tarifazos serían un gran problema social. Nos movimos mucho los legisladores en la provincia de Buenos Aires y muchos intendentes presentaron amparos. Repercutió fuerte el impacto del tarifazo en la Patagonia. La Justicia empezó a reaccionar con fallos como el del juez Luis Arias y sentencias en San Martín y La Matanza… En Atucha ellos echaron y casi al mismo tiempo declararon la emergencia energética. Hay una relación entre un tema y otro. Una variable del escalonamiento tarifario deben ser las paritarias. No aparecerá la oferta energética solo por aumentar lo que se pague, porque entre comer y pagar la tarifa la gente va a elegir comer. El Gobierno prefiere referirse a la herencia recibida y a la crisis.

Políticamente es natural.

–Entonces vayamos al fondo del tema. El Gobierno declaró la emergencia energética en enero, sin ningún anuncio detallado. No habló ni de soberanía energética ni de cómo reformularía la ecuación en energía. En los doce años de Néstor y Cristina hubo muchos problemas pero también se duplicó la generación de energía y se triplicó el consumo. Se generaron nuevos espacios como Atucha II, la Termoeléctrica de Ensenada y la de Campana, el inicio de la construcción de las represas en el sur y el agregado de turbinas a Embalse. Es verdad que no terminamos de cambiar la matriz y los hidrocarburos siguieron pesando. ¿La herencia recibida son solo los últimos doce años? ¿Antes estaba todo perfecto? Pasaron nueve meses de Macri y el Gobierno no sabe ni siquiera qué tiene que decirle a la gente sobre las boletas de los servicios públicos. Uno elige gobernantes para construir una certeza colectiva, pero este Estado tiene como interlocutoras a las empresas, no la gente. Y además Edesur y Edenor salieron con una campaña de miedo. No se dan cuenta de que son empresas privadas de responsabilidad pública.

¿Cuál sería la alternativa?

–Poner la energía en función de una matriz de desarrollo económico. El Gobierno quiere aumentar la facturación a través de las tarifas para mejorar el servicio energético. Lo que hay que desarrollar es una red de energías alternativas. No hubo anuncios, salvo quizás uno, que no está mal: a través de Enarsa hablaron de continuar con Atucha III en 2017, en convenio retocado con China. Pero el fondo de inversión no debe ser el salario de los sectores medios y de los trabajadores. Eso no puede financiar los planes de inversión de la empresa privada. Si encima se tiene en cuenta la caída del 10 por ciento del salario real, más la escalada de precios, es obvio que vamos al fracaso por esa vía. El desconocimiento de la realidad hizo que las tarifas en el interior se disparasen más que en la zona metropolitana de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Recuerdo que el intendente de Guaminí me avisó que las tarifas en el interior de la provincia no tenían el famoso atraso del que se hablaba en el área metropolitana. Al mismo tiempo las cooperativas tenían y tienen cada vez más problemas, porque abarcan un universo menor.

¿Qué sería lo mejor que podría pasar?

–Lo que queremos nosotros es una política de segmentación y escalonamiento de tarifas. Discutamos en serio. Y respetemos la Justicia. Al día siguiente del fallo de la Cámara de La Plata frenando el aumento de tarifas el ministro Juan José Aranguren recomendó pagar. Incluso Aranguren y Marcos Peña también anunciaron el tope del 400 por ciento y el 500 por ciento después de ese fallo. Eso es desoír a la Justicia. ¿O el único juez que vale y que nos obliga a discutir leyes es Thomas Griesa?

¿Cuál sería el fallo ideal?

–Uno que obligue al desarrollo de audiencias públicas para que se pueda construir un mapa energético y tarifario con valores, balances y precios. No un trámite administrativo para cumplir un requisito formal. Después deberíamos entrar en un análisis a cargo de un comité de emergencia energética con representación de usuarios y sectores con representación legislativa para discutir un valor que tenga en cuenta los niveles de ingreso de cada sector y las condiciones geográficas y climáticas de cada lugar.

El Gobierno ya designó un comité de ex secretarios de Energía.

–Que el Gobierno se asesore con quien quiera porque está en su derecho, pero las políticas públicas no son un programa de administración. Encima ellos mismos modificaron cuatro veces el régimen de tarifas. Me preocuparía una audiencia pública que solo destrabe la coyuntura para que el Gobierno siga siendo autista. Acá hay que barajar y dar de nuevo. No hablo de volver necesariamente a los valores anteriores. Hablo de discutir. No puede ser que se convoque a otra audiencia como la de Mar del Plata a nivel provincial, donde hablaron 25 personas para un universo de tres millones de usuarios. Discutamos lo que dice la jueza de San Martín Martina Forns, que en su fallo critica la inequidad de las tarifas. Busquemos un régimen que no sea confiscatorio del salario y lleve al Gobierno a una crisis inevitable.

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