El fallo de la Corte y la salud energética de una Nación

El autor es diputado nacional (FpV) y ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios


Nuestros gobiernos consideraron a la energía y a los servicios públicos como servicios esenciales, como derechos humanos, tal como la Corte le recordó al Presidente de la Nación. En la Argentina que heredamos con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza y más del 25% de desempleo, provincias no solamente postergadas sino literalmente excluidas del país, hambre, miseria y atraso por doquier, nuestra política energética se fundamentó en una férrea protección de la ciudadanía y en una igualmente férrea promoción de la recomposición del entramado productivo, industrial, científico y tecnológico nacionales.

La recuperación desde 2003 fue espectacular, pero quedó mucho por hacer. Y la Argentina es una nación que aún no alcanzó el desenvolvimiento pleno de sus fuerzas productivas, sociales, científicas y tecnológicas. Por lo tanto, la energía debe seguir siendo barata, abundante y volcada al consumo doméstico en base a metas de crecimiento económico con el pueblo y las 23 provincias adentro. Y cuando nosotros hablamos de crecimiento del PBI no nos referimos exclusivamente a una evolución en puntos porcentuales, sino que incluimos también más autosuficiencia y mayor diversificación (desprimarización).

Ahora bien, para lograr este objetivo el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en el sector energético, sector que si su producto (la energía) es barata y abundante entonces deviene en madre de industrias, de mercado interno, de infraestructura, de cohesión productiva e industrial regional, de progresiva calidad de vida para su pueblo. Dicho rol fundamental únicamente se puede ejercer a través de una presencia gestora, rectora, reguladora y empresaria del Estado, subsidiando al sector y poniendo límite al mercadismo que, como desde el 10 de diciembre a esta parte, se piensa que la energía y la dignidad del pueblo es una mercancía más.

La médula de estos conceptos, reinterpretados por mí en esta nota, figuran con lujo de detalles en el análisis que el Observatorio OETEC hizo del fallo de la Corte en relación al tarifazo del gas (http://www.oetec.org/nota.php?id=2023&area=1 ). Por ejemplo, cuando la Corte afirma en relación a nuestra gestión que “el abastecimiento de gas a los usuarios de todo el país se sostuvo mediante una política de subsidios al consumo y a la oferta”, me sumo a la pregunta que el OETEC formulara al macrismo y le pregunto también: pero cómo, ¿no era que nos quedábamos sin gas? Entre 2003 y 2015, según datos del ENARGAS y que levanta este Observatorio, la demanda total creció un 41,6%, la correspondiente a la generación eléctrica un 70,5%, en el GNC un 12,9%, en la industria un 18,2%, residencial 49,1% y comercial 30,6%. Y en 2015, el año de la supuesta debacle terminal, la demanda de gas por redes en el mercado interno se incrementó 1,9% interanualmente, pero con menos importaciones y más producción doméstica.

Y otra cosa que bien hace el OETEC en recordar y que transcribo textual: “afirmar que el abastecimiento se sostuvo cuando se verificó un incremento permanente y progresivo de la demanda desde 2003 es ratificar que el mercado interno fue satisfecho siempre, sea a través de la producción local como de las importaciones (tal y como sucede en las principales naciones del globo). ¿Cómo se logró priorizar el consumo argentino por sobre el consumo extranjero? La participación del Estado en el sector pasó de 5% en 2003 al 45% 2015, mientras que la participación extranjera cayó del 80% al 23%”. Quiero recordar al respecto, que esta decisión y que la Corte refleja en su fallo (un ejemplo: “el precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención estatal”), tuvo un punto de partida.

Ese punto de partida pasó por la decisión de convertir en política de Estado este concepto esgrimido por el propio Presidente Néstor Kirchner ni bien asumido: “el gas argentino primero para los argentinos” (exportábamos nuestro gas masivamente y a precio vil a Chile con el mercado local escandalosamente desabastecido). Y ese punto de partida tuvo además su marco ejecutivo y que tuve el privilegio de llevar a cabo hasta diciembre de 2015: el Plan Energético Nacional. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner profundizó dicho Plan, que a partir de abril de 2012 logró recuperar nuestra petrolera de bandera y, desde entonces, recomponer las inversiones y la producción de gas y petróleo (ahora en franca declinación). Además y durante su último gobierno, los argentinos y las argentinas no solo recuperamos YPF, sino también Atucha II y Yacyretá, entre otros hitos energéticos como la interconexión eléctrica del país que el ministro Aranguren reconoció en su interpelación.

Quiero cerrar, finalmente, con otra reflexión medular vertida por el OETEC. Medular porque implica un abordaje cultural de la energía en función del interés de la ciudadanía y su seguridad jurídica, la misma que expone el fallo de la Corte sin bemoles. Hay un índice, nos explica el Observatorio, que mide el nivel de seguridad energética de una Nación. Ese índice lo elabora el Consejo Mundial de la Energía (CME) que es una institución especializada acreditada ante la ONU. Dice el CME de nuestro país que “mejoró su posición en el Índice de 2015 en 13 posiciones”. ¿Mejoramos? ¿Pero no era que nos quedábamos sin energía? ¿La Emergencia Energética entonces es verso? Veamos cómo explica el CME su veredicto: “El cambio entre ser exportadores de energía a importadores de energía tuvo un impacto positivo en la seguridad energética del país desde que la dependencia en las importaciones es comparativamente baja”.

Y esto es clave, porque como Macri, Aranguren y Peña mencionaron hasta el hartazgo, el problema es que dejamos de exportar y que perdimos el autoabastecimiento. La organización especializada en energía de Naciones Unidas y que recuerdo Peña en su presentación en el Congreso referenció cuando habló del “trilema energético”, nos dice que exportar no es bueno mientras no seamos una potencia hidrocarburífera; también que importar no es un factor negativo per se si sus volúmenes no son excesivos (compárese la Argentina con cualquier país europeo y la mayoría de los asiáticos) y si el mercado logra estar abastecido como la ciudadanía satisfecha en sus requerimientos energéticos, tal y como la Corte reconoce.

Porque antes la zoncera macrista nos quería hacer creer que no habíamos invertido nada en energía (Macri), pero Aranguren reconoció que sí invertimos en el Parlamento. Una mentira menos. Entonces volvieron a la carga con el tema del autoabastecimiento y las exportaciones que perdimos. Claro que no explican las condiciones de tal autoabastecimiento, que como dije mil veces fue un autoabastecimiento con el pueblo, las industrias y los comercios afuera. En fin, a la nueva zoncera el CME les responde: ser exportadores y tener una balanza comercial superavitaria no es sinónimo de crisis energética o de inseguridad energética. Todo lo contrario. Si no, veamos cómo define el CME a la “seguridad energética”: el “manejo efectivo de la oferta energética primaria de fuentes domésticas y externas, la confiabilidad de la infraestructura energética y la capacidad de las empresas energéticas de satisfacer la demanda presente y futura”. Repetimos el cierre del OETEC al respecto: En relación al período 2003 – 2015 y que la Corte analiza en su fallo, ¿acaso las políticas energéticas de los gobiernos involucrados en dicho período no cumplieron con esta definición?

Como expresé unos días atrás, los fundamentos del fallo de la Corte que anuló el tarifazo para residenciales demuestran que tan mal no hicimos las cosas durante el período 2003-2015. Y digo más: demuestran, en verdad, que nuestras políticas energéticas y los mecanismos que empleamos fueron exitosos y eficientes. ¿Por qué exitosos? Porque sirvieron al interés de la ciudadanía y a la seguridad energética nacional. ¿Por qué eficientes? Porque subsidiamos para que los precios de la energía estén siempre en función de metas sociales, productivas, industriales y económicas de desarrollo. En palabras de la Corte y específicamente en materia gasífera: “el abastecimiento de gas a los usuarios de todo el país se sostuvo mediante una política de subsidios al consumo y a la oferta”. ¿No debería ser justamente el objetivo de todo sistema energético el de abastecer a su pueblo?

Hago propia la definición del OETEC a propósito de esto: la salud energética de una Nación es la salud energética de su pueblo, no la de su balanza comercial. Y agrego: tampoco es la salud de los exportadores inescrupulosos que nos dejaron sin gas y que montaron todo este tarifazo para volver a la misma estafa; y mucho menos es la salud de las empresas privadas que operan en el sector y que manejan escandalosamente y a discreción el Ministerio de Energía de la Nación.

Así que señor Aranguren tome nota, porque el pueblo le demostró que no es un numerito en una planilla Excel y la Corte que la energía no es una mercancía. Prepárese a fondo que en un par de semanas deberá justificarlo y rendirlo todo. Como dice la Corte: “aportar antes de la audiencia pública información adecuada, veraz e imparcial, para que todos los actores puedan expresarse fundadamente y ser oídos”.

Comparte las Noticias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com