Denuncia ante el INADI por folletería estigmatizante de ANSES

GACETILLA DE PRENSA DIPUTADA LUCÍA PORTOS (FPV)

 La Diputada Provincial Lucía Portos presentó hoy una denuncia ante la INADI por la folletería estigmatizante que divulgó la ANSES para promocionar la Asignación Universal por Hijo.

 Adjuntamos los fundamentos de la denuncia y agradecemos la difusión.

Describir de forma clara y precisa los hechos denunciados, detallando cuándo, cómo y dónde ocurrieron los mismos, e indicando la/s persona/s que estuvieron presentes.

Lucia Portos, en representación de los beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo/a y Asignación por Embarazo en carácter de diputada provincial y presidenta de la Comisión de Igualdad Real de Oportunidades y Trato de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ante usted me presento y digo,

Que vengo por el presente a denunciar un acto de discriminación contra los beneficiarios/as de los programas Asignación Universal por Hijo/a y Asignación por embarazo por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Que el día viernes 07 de octubre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha difundido en sus diversas delegaciones de atención al público, precisamente en las Unidades de Atención Integral (UDAI), una campaña informativa sobre el calendario de pagos de asignaciones en dos flyers distintos. Uno sobre el calendario de pagos de asignaciones familiares para trabajadoras y trabajadores registrados, y otro para el calendario de pagos de Asignación Universal por Hijo/a, Asignación por embarazo y PROGRESAR.

No es menor destacar que el primer cartel mencionado exhibe una familia de tipo tradicional, madre-padre e hijo que aparentan una mejor posición económica en comparación con el segundo cartel, cuya imagen muestra a una mujer joven, aparentemente soltera, con dos hijos pertenecientes a una clase económica menos pudiente.

A los fines de esta denuncia, es necesario aclarar que la AUH es una medida que apunta a universalizar un derecho: el de los niños y niñas argentinos a contar con condiciones mínimas de vida garantizadas durante su infancia y adolescencia. Este es un aspecto central y sustantivo que diferencia a la AUH de otras políticas sociales como el Plan Jefes y Jefas de Familia. Este había nacido en abril de 2002, no sólo como herramienta de la política social, sino principalmente como un instrumento para apaciguar un conflicto social de características inéditas que ponía en juego la continuidad del sistema político institucional. De esta manera, se transformó en un aspecto central de la política del gobierno de transición, con la limitación de que, lejos de la pretensión de consagrar un derecho, el plan distribuía beneficios asistenciales precarios que no alcanzaban a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de indigencia. La distinción clave entonces es la siguiente: los/as niños/as y adolescentes que reciben la AUH no la reciben por estar en situación de pobreza, sino por ser ciudadanos/as argentinos, sujetos de derecho. La asignación no viene a suplir una carencia, sino a dar cuenta de una realidad efectiva: la igualdad de todos los niños y niñas frente al único garante posible de su bienestar: el Estado.

A partir del relato de los hechos se puede inferir que el contenido del mensaje de la campaña resulta un acto manifiestamente discriminatorio, dado que fomenta la creación de estereotipos que menoscaban el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales,  en particular  de  las personas que acceden a un derecho como la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) y Asignación por embarazo.

La actual línea comunicacional de ANSES promueve y confirma las declaraciones que aseguran que la AUH tiene efectos nocivos, como impulsar a las mujeres de sectores populares a tener hijos de manera indiscriminada para vivir sin trabajar.

Estas prácticas implican el ejercicio de una fuerte violencia simbólica desde el Estado a los ciudadanos de los sectores más vulnerables, que ya sufren a diario las expresiones estigmatizantes de los medios de comunicación masiva.

Puesto que el Estado es el principal garante de derechos de los ciudadanos y debe avanzar en el diseño de políticas que procuren la eliminación de actitudes discriminatorias, es inconcebible que sea el promotor de prejuicios y estereotipos dañinos. Una institución de tal magnitud como es ANSES, debe regirse por el respeto y el fomento de los derechos humanos fundamentales establecidos en Pactos Internacionales aprobados por el Estado argentino, de jerarquía constitucional conforme art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

Por lo tanto es necesario que la campaña comunicacional que atañe sea observada, visto que atenta en forma notoria la dignidad de las personas, juzgando sus compartimientos en razón de la posición económica-social, vulnerando también el derecho a formar una familia en un marco de diversidad, desentendiendo que no existe un único modelo de familia, tal como lo concibió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, y como posteriormente lo tomó el Nuevo Código Civil y Comercial en sus principios fundamentales. Por ello instamos a quien corresponde que disponga de las medidas necesarias para dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización.

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