Adherir al Pacto Fiscal es aceptar la candidatura de Vidal a Presidenta.

En un duro informe el Concejal de Unidad Ciudadana Lucas Castiglioni deja en claro que el Ajuste a los Jubilados y Pensionados en Zarate como en el resto del país es nada mas y nada menos que dinero para la campaña de Vidal a Presidenta.

El Edil Castiglioni realizo el revelamiento de información con los últimos datos oficiales, los cuales son de su paso por la gestión de ANSES.

Habitantes: 114.269 (2010)

Viviendas: 34.013 (2010)

 

Datos Finales de cantidad de Jubilados y Pensionados a Junio del 2014 en el Partido de Zarate:

16.819 Jubilados y Pensionados

 

Pensiones No Contributivas a Junio del 2014 en el Partido de Zarate: 1.700 PNC

 

Datos AUH:

Titulares: 4.500

Total Hijos: 7.922

 

Datos AUE:

Titulares: 148

 

 

Total Final: 23.269 Beneficiarios sin analizar las Asignaciones Familiares de Trabajadores en Actividad SUAF

 

23.269 Beneficiarios con un recorte en el Año refleja un Ajuste de $ 15.528 Pesos por cada uno equivalen:

 

$361.321.032 Millones de pesos por Año, pero por si hay dudas reflejemos esta equivalencia en solo los jubilados y pensionados.

 

$16.819 Jubilados y Pensionados con un recorte en el Año refleja un Ajuste de $ 15.528 Pesos por cada uno equivalen:

 

$261.165.432 son los millones de pesos que dejan de percibir los Jubilados y Pensionados de Zarate y Lima, utilizando la nueva fórmula que propuso el Gobierno de Macri.

 

PACTO FISCAL DE LA PROVINCIA, NUMEROS DE ZARATE:

 DISTRITO         CUD 2017      FONDO SOJA   INCREMENTO COPA        BENEFICIO

 

Zárate                0,54928             $8.953.667               $17.542.355                   $26.496.023

Hoy la Jubilación Mínima es de: 7.246 Pesos (Con la Ley de Movilidad Anterior)

Si aplicaríamos hoy la formula Nueva del Gobierno de Macri esta misma seria de $5.952 Pesos, los jubilados estarían perdiendo $1294 pesos por mes, que en el Año refleja un Ajuste de $ 15.528 Pesos.

Si esa formula la aplicamos desde el año 2009 los jubilados tendrían un recorte en 8 años de $139.750 Pesos.

En Marzo del 2018 los jubilados y pensionados con la Ley de movilidad anterior tendrían un aumento del 12% que refleja unos $8115 pesos la Mínima.

Con la nueva fórmula van a recibir un aumento solo del 5,7% que equivalen a $7659 Pesos, pero eso es un tramo es la cuenta de los primeros 3 meses, pero si tomas todo el año 2018 los jubilados y pensionados tendrían que tener un aumento del 22% y solo van a tener con la nueva fórmula un aumento de aproximadamente el 10% la perdida con este cambio de formula es de aproximadamente el 12% como lo hizo el ex presidente De La Rua, solo que el fue solo por un año y de una vez.

La inflación de los Jubilados es más grande que la de las demás personas por que utiliza un gran porcentaje de su sueldo a la alimentación, pagar servicios y medicamentos,  la inflación de los últimos 12 meses fue del 29.3% pero el aumento que prevé la nueva ley es del 10% u 12% la diferencia frente a la inflación es de un 19% menos de poder adquisitivo.

En la discusión de la nueva ley se dijeron muchas cosas, una de ellas era que el sistema previsional argentino no funcionaba, quisiera refrescarles la memoria a todos nuestros concejales, con simples ejemplos pero también con datos precisos y oficiales de la Administración de la Seguridad Social ANSES.

El 4 de diciembre de 2008 se promulgó la Ley 26.425 que en su artículo primero dispone la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las disposiciones reglamentarias terminaron de configurar el nuevo sistema y el total de los fondos administrados por las AFJP se traspasaron en especie al FGS, el cual redefine su denominación: Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

El FGS está compuesto por diversos tipos de activos financieros. En el momento del traspaso, 5 de diciembre de 2008, estaba valuado en 98.224 millones de pesos; a diciembre de 2012, su valuación asciende a 244.700 millones de pesos. Según diversos estudios la nacionalización del sistema previsional y la estatización de los fondos de las AFJP permitió una administración de los recursos más transparente generando resultados positivos, incrementando los recursos e incluyendo más personas al sistema previsional. Desde su estatización se dio un crecimiento de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que pasó de $ 98.083 millones en 2008 (último año privado) a $ 482.660 millones en 31 de octubre de 2014, significando un crecimiento del 392,1%.​ Asimismo el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se había duplicado desde la estatización de las AFJP​ y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200 mil millones de pesos. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98.224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquél momento llegó a 201.027 millones de pesos. ​

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses acumuló, para el año 2013, un total de 280.567 millones de pesos. El monto del FGS, un stock que el Gobierno concibe como reaseguro del sistema de seguridad social, se triplicó desde la estatización de los fondos que antes estaban en poder de las AFJP ​y trepando hasta los $ 482.660 millones en 31 de octubre de 2014, un crecimiento del 392,1%.​

En cuanto al número de afiliados, gracias a la ley 25.994, dictada por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, se incorporaron al sistema previsional más de 2,5 millones de personas que hasta entonces estaban excluidas de la cobertura. En 2003, durante el régimen privado había 3,5 millones de jubilados y pensionados, y se destinaba un 4,5 % del PBI a jubilaciones. En los últimos cinco años, el universo de jubilados pasó de 3,2 millones a 5,6 millones bajo el sistema estatal Argentina alcanzó en 2015 los niveles de cobertura jubilatoria más altos de América Latina. Un informe del Banco Mundial destacó la política de protección social al señalar que el haber jubilatorio mínimo es equivalente a 442 dólares, es el más alto de toda América Latina. ​

Datos Previsionales: Zarate y Lima

AÑO 2003

Total casos Jubilaciones y Pensiones: 10.302

 

AÑO 2014

Jubilaciones: 11.655

Pensiones: 5.164

Total: 16.819

Diferencia: 6.517

Variación: 63,26 %

 

AÑO 2003

Pensiones No Contributivas: 247

 

AÑO 2014

Pensiones No Contributivas:: 1.700

Diferencia: 1.453

Variación: 28,14 %

  • El 30 de diciembre de 2016 el presidente Mauricio Macriy la vicepresidente Gabriela Michetti, así como otros funcionarios del gobierno argentino, fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la eventual comisión de los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en perjuicio al erario público, como partícipes de la firma del Causa por Memorandum Argentina-Catar de noviembre de 2016, creando un fondo de inversión por 1.300 millones de dólares estadounidenses, con una «estructura offshore», para la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El juez que dirige la investigación es Daniel Rafecas.

Hoy este fondo de Garantía tiene información secreta, ya no es publica, no sabemos en qué se invierte el FGS, desde su página web no podemos saber cómo se reinvierte este fondo, o mejor dicho si, solo para toma de deuda de algunos funcionarios del Gobierno Nacional.

Pero concentrémonos en el Pacto Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y la Adhesión por parte de los municipios que es lo que nos toca discutir.

La concesión a Vidal y la propuesta del redestino del Impuesto a las Ganancias y a los Créditos y Débitos para compensar la merma de ingresos provinciales

El pedido de Cambiemos a las provincias de reducir el peso del impuesto a los Ingresos Brutos que en la actualidad promedia el 74% de los ingresos propios de las provincias- y la decisión de conceder a Vidal el Fondo del Conurbano (en manos de la CSJN, que, de fallar a favor de PBA hubiera significado una desfinanciación de facto de las provincias), derivó en el Consenso Fiscal, el pacto realizado entre el Poder Ejecutivo Nacional y los pares provinciales. Para compensar la merma de ingresos que implica este acuerdo se definió el reparto del 100% del impuesto a las ganancias para las provincias y el redestino del Impuesto a los Créditos y Débitos, donde el 30% era coparticipable.

En lo referido al Impuesto a las Ganancias, actualmente se coparticipa en un 64%, por lo que el resto sería redestinado a las provincias. Pero, ¿a quién iba dirigido ese 36% restante? Se destinaba 2% a Ministerio del Interior (que “volvía” a las provincias en forma de ATN), 4% a las provincias sin Buenos Aires, 10% a la Provincia de Buenos Aires con un tope de 650 millones de pesos (este es el eje de la negociación: el fondo del conurbano) y 20% a ANSES. El porcentaje correspondiente a Provincia de Buenos Aires quedaba limitado a sólo $650 millones por lo que ese 10% en la práctica resultaba “repartible” entre el resto de los rubros. A continuación se muestra las modificaciones que se producirían con la reforma.

El Impuesto a las Ganancias estimado asciende a $642 mil millones de acuerdo al Presupuesto 2018. El 20% que dejará de percibir el ANSES alcanza los $128.500 millones, que se reparte entre el Tesoro y las Provincias según el esquema de coparticipación porcentual.

Vale mencionar asimismo que la gran beneficiaria del reparto resulta ser la Provincia de Buenos Aires, ya que de la redistribución de recursos tal jurisdicción obtendrá en 2018 $21.000 millones y otros $44.000 millones en 2019, como compensación del Fondo del Conurbano.

Ante la notoria pérdida de recursos de la caja de la Seguridad Social, el Gobierno propuso compensar la merma de recaudación destinando el 100% del Impuesto a Créditos y Débitos para el ANSES. Esto significaría un ingreso adicional de $202 mil millones para el año 2018. Estrictamente, esta decisión tuvo dos etapas: una parte de la transferencia había sido propuesta previo a la reforma, transfiriendo el 70% del impuesto a los Créditos y Débitos desde el Tesoro Nacional hacia ANSES, al inicio de las negociaciones con las provincias, con el objetivo de condicionar el pedido de las provincias de destinar la recaudación dicho impuesto a la coparticipación para compensar el pedido de reducción de impuestos (particularmente de ingresos brutos) y sustentado en la desfinanciación de ANSES como resultado de la decisión de la Corte de terminar con la detracción del 15% de los recursos coparticipables para el organismo.

Asimismo, cabe recordar que la Corte decidió, en diciembre de 2015, devolver el 15% de los fondos previsionales a San Luis, Córdoba y Santa Fe. Frente a esta medida, el ministro Frigerio acordó con el conjunto de las provincias una reducción de la detracción en cinco años, con 3 puntos porcentuales por año, alcanzando el 15% a 2020. Esto alcanza un costo para ANSES de $35 mil millones para 2018 que se suma a los $70 mil millones (a moneda de 2018) perdidos entre 2016 y 2017.

La reforma previsional: los sacrificados son los jubilados

El cambio que propuso el Gobierno en materia previsional implica la actualización de las jubilaciones y pensiones, la AUH y las asignaciones familiares a través de la inflación medida por INDEC y de una porción de la evolución del PBI real (5%), modificando la Ley de Movilidad del año 2009, que establece una fórmula de actualización bianual. Sin embargo, en la Comisión del Senado se aprobó un dictamen que modificó levemente la formula, trocando el PBI por la evolución de los salarios. La fórmula propuesta fue “70% inflación” y “30” salarios”, incorporando además el pago de un diferencial para alcanzar el 82% del SMVM para los jubilados de la mínima que se hayan jubilado con 30 años de aportes.

Posteriormente se incorporó un adicional a través de un bono para las jubilaciones menores a $10.000 (de $750 si el jubilado cuenta con 30 años de aportes y $300 si no tiene esa cantidad de años de aportes).

Conclusiones: la ecuación final

A partir del cuadro precedente es posible inferir una serie de conclusiones:

 

  • Las reformas, junto con las políticas implementadas desde la llegada de Cambiemos al ejecutivo nacional, desfinanciarán al Tesoro Nacional en casi $140.000 millones en 2018. Esto representa un 5% del gasto primario estimado en 2018, que asciende a $2.721.450.

 

  • Para el año 2018, las cuentas de ANSES muestran un leve saldo positivo en torno a $6 mil millones. Si se toma en cuenta la reducción de las jubilaciones consideradas de privilegio (que aparece en el Pacto Fiscal, aunque no trascendió más allá de declaraciones), el saldo del organismo aumentaría a $18 mil millones en 2018. Es posible pensar que el desfinanciamiento del Tesoro puede presentar un costo político significativamente menor frente a la opinión pública que la alteración de las cuentas de ANSES. Pero, sobre todo, parece sumamente probable considerar que sería el ANSES quien financie al Tesoro. En efecto, para atender los desequilibrios de las cuentas públicas, el cierre de 2017 implicó la transferencia de poco más de $100 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES hacia el Tesoro.

 

Adicionalmente, este leve saldo positivo de ANSES es sólo aplicable al año 2018, ya que la reducción progresiva de los montos retenidos por ANSES desde 1992 a las cajas provinciales (devolución pactada entre Frigerio y gobernadores), junto con la también progresiva reducción de las contribuciones patronales (que se multiplicarán por cinco más inflación hasta 2022) provocarán indefectiblemente el desfinanciamiento del organismo desde 2019. De hecho, la quita por contribuciones patronales comienza siendo de $30 mil millones en 2018, mientras que en 2019 se acrecienta a $71 mil millones, a 2010 llega a $115 mil millones, en 2021, $163 mil millones y en 2022 llega a $217 mil millones. La quita significará, en 2022, una pérdida del 34,4% de la recaudación por contribuciones patronales al sistema jubilatorio.

 

Por otro lado, la decisión de compensar al ANSES con el dinero del Impuesto a los Débitos y Créditos y la prórroga del impuesto por dos años va a contramano de las recurrentes menciones del Gobierno respecto de eliminar el gravamen. Resulta evidente que la decisión apuntó a compensar las alicaídas arcas del ANSES (a partir de la decisión de la Corte de terminar con la detracción del 15% de la coparticipación) e impedir que los gobernadores reclamen la coparticipación de tal recaudación como compensación a la merma de ingresos locales.

 

  • Provincias y PBA. El beneficio de las provincias que surge del cuadro no se explica por la aprobación reciente de la reforma tributaria. La misma deja saldo cero, ya que de acuerdo a lo firmado en el Consenso Fiscal, se compensa a merma de ingresos en las provincias por reducción de ingresos con la coparticipación del impuesto a las ganancias. De la reforma tributaria la única beneficiada es Buenos Aires, como resultado de la transferencia por el Fondo del Conurbano en torno a $21 mil millones para 2018 y otros $44 mil millones en 2019. El resto de las provincias, prevé el Consenso Fiscal, tienen movimientos neutros en sus arcas. El saldo positivo del cuadro precedente, que sin los $21 mil millones de Buenos Aires ronda en $69 mil millones a 2018, deriva del beneficio generado por la decisión de la Corte (para tres provincias) y el posterior

acuerdo con Frigerio (para las restantes), de dar por finalizada la detracción del 15% de los montos coparticipables con destino a ANSES.

 

  • Jubilados y beneficiarios AUH. En términos del impactos de la reforma previsional, los jubilados, beneficiarios de AUH y de pensiones no contributivas, y los perceptores de salario familiar perderán más de 60 mil millones de pesos a 2018, incluso considerando el bono adicional y el 82% móvil.

 

Junto con ello, el Gobierno había mencionado su voluntad de poner un coto máximo a las jubilaciones de determinados regímenes especiales. En términos fiscales, eso podría alcanzar los $12.000 millones de ahorro, siempre y cuando se aplique a las jubilaciones ya existentes, lo cual es difícil de imaginar. Además de ello, no se ha presentado aún ninguna propuesta al respecto, planteándose incluso en los debates públicos exclusivamente la cuestión de elevar la edad jubilatoria.

 

  • Sector privado. El mismo se ve ampliamente beneficiado, estimándose la transferencia a su favor en casi $100.000 millones sólo para 2018. Dentro de este sector, las empresas de mayor tamaño son las que reciben gran parte de los beneficios. Esto ocurre porque: 1. poseen mayoritariamente su personal registrado, por lo que la reducción de contribuciones implica un beneficio directo e inmediato, 2. la posibilidad de considerar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias lo tributado en el Impuesto a los Créditos y Débitos mejora la rentabilidad a las empresas de mayor porte exclusivamente, dado que ya era un beneficio existente para las Pymes, 3. la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias impacta proporcionalmente en mayor medida sobre quienes más ganan y 4. la eliminación inmediata del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre el comercio exterior en esta primera etapa, favorece naturalmente a un sector, el exportador, altamente concentrado.
  • Sector público: resignación de recaudación (o menos presión fiscal). Al cruzar el saldo del Sector Público (Tesoro, Anses y Provincias) el resultado del ejercicio alcanza una reducción de $31 mil millones de la recaudación a 2018. Esta cifra se alinea con lo previsto por el oficialismo: una reducción de la presión fiscal de 1,5% del PBI al cabo de cinco años. En este sentido, un simple cálculo anual, implica 0,3% para el primer año, sobre un PBI de $12.363.404 millones, supondría resignar recursos por $37 mil millones (aunque en 2018, dada la progresividad de las medidas como contribuciones patronales y la aplicación del revalúo fiscal, significaría una menor pérdida de recursos que los años subsiguientes).

 

No deja de ser paradójico que, si el punto de llegada es la reducción del déficit, el camino tome una curva que primero pase por la resignación de recursos.

 

  • Si uno se pone a analizar encuentra que en “el tema ganancias funciona de la siguiente manera: a la masa coparticipable, hasta ahora, entraba el 64% de lo que se recaudaba con ganancias, un 20% iba a la ANSES, 10 % al Fondo del Conurbano, 4 % al Fondo de Infraestructura y 2 % a fortalecer los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Al eliminarse esos fondos, se coparticipa el 100 % de la masa coparticipable, 42% que va a Nación pero no al ANSES de forma directa, y un 58% que va a Provincias.

  • De ese 58%, Buenos Aires recibe 21,5%. “Esto quiere decir que, al aumentar la masa coparticipable de ganancias del 64% al 100%, va a recibir, a partir del 2018, unos 20 mil millones más por ganancias, más el Fondo de Compensación, que es de 21 mil millones, o sea, 41 mil millones para el 2018” ósea que el Ajuste de el sistema previsional es absorbido casi en su totalidad por la Provincia de Buenos Aires, (Del Fondo de Compensación, la provincia esta obligada a destinarlo a programas sociales y obras en el Conurbano y no tiene que transferirlo a los municipios) Lo otro, al venir de coparticipación, forma parte de lo que la ley 10.519 les transfiere a las comunas.
  • Lo que dice el punto G del artículo 9 (de dicha ley) es que debe transferirse solo el 16,14% a los distritos. Eso es 200 millones de pesos, y es lo que irá a los municipios en la primera tanda. Lo segundo que va a los municipios, por el Pacto Fiscal, es el Fondo Sojero. De los 5 mil millones a la Provincia, solo el 30% debe transferirse a los municipios, unos 1.700 millones de pesos”. “Son 4.900 millones que irán a los municipios de los 41 mil millones que recibe en total en este 2018.

 

Tanto los intendentes como también los legisladores de UNIDAD CIUDADANA los concejales de la 2da Seccion y quien les habla manifestamos el rechazo al Pacto Fiscal firmado con el Gobierno nacional bajo el argumento de que, en realidad, los municipios recibirían menor cantidad de recursos que en los últimos dos años a partir de la eliminación del Fondo de Infraestructura Municipal en el Presupuesto 2018. Es como se dice en mi pueblo “Pan para hoy hambre para mañana”, en los números finos, con la reducción de Ingresos Brutos, del Fondo del Fortalecimiento Municipal, de Inclusión Social y la eliminación del FIM”, los municipios contarían con menos fondos coparticipables. “Lo que vemos hoy acá es una cuestión Polí- tica.

Hubiera sido mejor que la Provincia recuperara fondos. No se puede decir que es un beneficio para los Zarateños y Limeños, es en beneficio de instalar la candidatura presidencial de la Gobernadora María Eugenia Vidal”

Les doy este ejemplo $261 millones de pesos menos son los que dejan de percibir los Jubilados y Pensionados de Zarate y Lima, utilizando la nueva fórmula que propuso el Gobierno de Macri, a partir de este cálculo. “Tenemos que recuperar los puntos de coparticipación, pero no a costa de las demás provincias. El Gobierno nacional tiene que resignar los recursos del Tesoro Nacional, no de ANSES. Los recursos los ponen los jubilados a partir de la reforma previsional”. Y ustedes nos quieren hacer creer que 23 millones que recibe el Municipio de Zarate es Justo? Y aceptar todo el ajuste que pretende Macri y Vidal?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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