Ley de Responsabilidad Fiscal está viciada de inconstitucionalidad

En la previa a la 3era Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Zarate, la adhesión al Pacto Fiscal propiciado por la Gobernación de Vidal y presentada por el Bloque Cambiemos puso en alerta a ATE y al Sindicato Municipal, que denunciaban el perjuicio hacia los trabajadores.

Tras un cuarto intermedio donde fueron recibidos los gremialistas por los presidentes de los bloques, la reanudación trajo aparejado el debate y la posterior votación.

La mismas fue aprobada por el Bloque presentante de CAMBIEMOS (Guelvenzu-Matzkin-Gallea-Unrein-Lavie y Guenneff) NUEVO ZARATE (Alleman-Otero-Zarziski-Palermo-Fernandez-Borrelli y el Pte del HCD Rios) y el FRENTE RENOVADOR (Moran M, Moran y Zurzolo).

Los que rechazaron la medida en favor de los trabajadores fueron 4 Concejales que pertenecen a dos Bloques PJ UNIDAD CIUDADANA (Bugatto, Romero y Vaccaiani) y de UNIDAD CIUDADANA (el Limeño Lucas Castiglioni)

El despacho por la minoría rechazando el Pacto Fiscal fue presentado en la comisión de LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN por parte de los Concejales Bugatto, Castiglioni, Romero y Vaccaiani 

En comunicaciones por parte de P1D con el Concejal Castiglioni nos expreso queUnidad Ciudadana a nivel Nacional rechazo desde el primer momento el Pacto Fiscal de los gobernadores, ya que viene atado a la Reforma Previsional la cual realizo un Ajuste a todos los Jubilados de nuestro Pais, eso en Zarate refleja un ajuste de 80 millones de Pesos que dejan de ganar nuestros abuelos en el año 2018, a igual manera se realizo en la Legislatura Bonaerense por los Senadores y Diputados de Unidad Ciudadana el rechazo concreto, uno de los temas que se trato en el encuentro de Concejales de la 2da Sección fue el rechazo por parte de Unidad Ciudadana en cada uno de los HCD de las Secciones sobre el Pacto Fiscal”, pero no solo como medida política si por lo que representa el mismo, a continuación le dejamos a los lectores el despacho de minoría que realizaron los concejales de UNIDAD CIUDADANA.

Los Concejales de Unidad Ciudadana del Ptdo de Zarate formula el siguiente despacho para dejar claramente expuestos los puntos por los cuales no acompaña el proyecto de adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal, Ley Nº 13295 y su modificatoria  Ley 14.894 “ Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal”.

En primer lugar, la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal a la que el gobierno de Vidal “obliga”  a adherir a los municipios, está viciada de inconstitucionalidad, ya que varios de sus artículos contradicen el sentido de autonomía del régimen Municipal previsto en la Constitución Nacional y de la Provincia de Buenos Aires.

Así, La Constitución Nacional en sus artículos 5 y 123, este último incorporado en la reforma del año 1994, establecen la obligación de las Provincias de asegurar un régimen Municipal que garantice la autonomía de los Municipios.

A su vez,  la Constitución de la Provincia de Buenos Aires al momento de regular el régimen de las Municipalidades (artículos 190 a197) establece que la administración de los intereses y los servicios locales en la capital y en cada uno de los partidos de la Provincia de Buenos Aires están a cargo de las Municipalidades, compuestas de un Departamento Ejecutivo y un Concejo Deliberante.

Por imperio constitucional, cualquier intervención legislativa que altere las facultades Municipales necesarias para resguardar el interés público local y la prestación de los servicios, viola el régimen de autonomía Municipal. Y esto es lo que viene a hacer la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Ejemplo de ello son los condicionantes que fija al régimen fiscal e impositivo Municipal, estableciendo restricciones y variables o parámetros a los diseños fiscales de los Municipios que, bajo la pretendida búsqueda de “homogeneización” o “armonización”, erige al Gobierno Provincial en un órgano de control de la legislación fiscal Municipal, en violación a su autonomía .

Cabe mencionar que en los últimos años, como consecuencia de la retracción del gobierno Provincial y Nacional,  los municipios han asumido mayores  funciones y responsabilidades, sin contrapartida de recursos financieros ni de gestión.

Los gobiernos Nacional y Provincial pretenden reducir al máximo las facultades de los Municipios reduciendo recursos coparticipables y eliminando programas y fondos, como por ejemplo, el Fondo de Infraestructura Municipal.

Paralelamente vemos como aumentan los recursos provinciales para ser usados de modo discrecional por la Gobernadora.

Por otro lado, La Ley de Responsabilidad Fiscal, contradice la mirada global orientada a cimentar la capacidad de los gobiernos locales, mediante leyes que respeten su autonomía e idiosincrasia y los habiliten a diseñar sus propias matrices fiscales en función a su Producto Bruto Geográfico, la capacidad contributiva de sus vecinos, su estructura productiva, su composición demográfica, su ubicación geográfica, su problemática ambiental, su  arraigo, plan de desarrollo, etc. etc. etc.

La incoherente pretensión de unificar tasas entre los municipios de las provincias que contempla la Ley de Responsabilidad Fiscal, trae aparejado el desfinanciamiento y sometimiento a los mandatos de la Provincia. Será entonces un burócrata en La Plata quien digite la vida de los Zarateños y Limeños.

La Constitución Provincial indica que los Municipios, una vez que inviertan la renta pública, deben rendir cuenta al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, organismo también creado por la Constitución que de ninguna manera coloca al Ejecutivo Provincial como órgano de contralor de la inversión pública Municipal.

De lo contrario, como pretende el Gobierno Provincial a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se estaría alterando el régimen Municipal caracterizado sustancialmente por la autonomía.

Esa alteración a la autonomía también se observa cuando la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que se pretende adherir, establece un tope de endeudamiento del 10% de los recursos corrientes de cada Municipio, alterando lo establecido por el art. 193° inc. 3) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que fija un tope de endeudamiento del 25% de los recursos ordinarios de cada Municipio

Como vemos, la Ley de Responsabilidad Fiscal fija límites a los Municipios que las Constituciones Nacional y Provincial no han fijado, alterando el régimen constitucional de autonomía Municipal, y hasta delegando las atribuciones del Municipio (Departamentos Ejecutivo y Legislativo) al Ministerio de Economía,  a quien la ley designa como autoridad de aplicación, ya que es a él a quien hay que pedirle autorización para poder prestar en forma eficaz los intereses y los servicios locales. Se pretende  colocar a los Gobiernos Locales como áreas dependientes del Ministerio de Economía, lo que choca abiertamente no ya con el principio de autonomía municipal sino con el sistema institucional de la Constitución Nacional y Provincial.

Como Concejales no podemos permitir que se recorten facultades y atribuciones a los Municipios, menos en la actualidad, donde el rol de los gobiernos locales es trascendental, acá y en cualquier parte del mundo, los gobiernos locales son quienes tienen mayor proximidad con los ciudadanos y por eso que se necesitan todas las herramientas necesarias para definir e implementar políticas públicas en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Esta Ley pretende, lisa y llanamente, una intromisión de la Gobernadora Maria Eugenia Vidal, en la definición de políticas públicas de los gobiernos locales de la Provincia de Buenos Aires.

Como si el avasallamiento de funciones Municipales fuera poco. el art. 12° de la Ley Responsabilidad Fiscal advierte que aquellos Municipios que no adhieran al nuevo régimen, tan inconstitucional como absurdo, no podrán acceder a operaciones de endeudamiento, otorgar garantías y avales, suscribir contratos de fideicomisos y/o recibir asistencia financiera Provincial y/o Nacional.

Provincia le impone a los Municipios que deberán atender el bien común local bajo las directivas y criterios del Ministerio de Economía provincial, bajo apercibimiento de caer en una subespecie sin derechos y sin ningún tipo de asistencia financiera.

Es de presumir que, detrás de la forma brutalmente inconstitucional, se presenta una no menos brutal discrecionalidad sobre los gobiernos locales a la hora de autorizar o desautorizar las herramientas financieras o la asistencia que cada comunidad local requiera.

También se fijan las restricciones a la inversión pública corriente (denominado en la Ley de Responsabilidad Fiscal como gasto) y a la estructura del personal municipal, lo que viola no solo la Constitución Provincial sino también la pacífica jurisprudencia en torno a la autonomía del régimen de empleo público municipal.

La sanción de la presente ordenanza de adhesión importará la caída de la paritaria municipal recientemente acordada para nuestros trabajadores.

Asimismo, la restricción a incrementar la cantidad de cargos públicos, si fuera ello legalmente posible, tampoco correspondería establecerse en forma general para la totalidad de los Municipios. Este es otro absurdo inconveniente, ya que una decisión de tal naturaleza debiera tener como respaldo un análisis Municipio por Municipio del tipo y cantidad de servicios que presta y su relación con la cantidad de agentes municipales. Una lógica, una ratio, un sentido que vaya en búsqueda de la eficiencia de los gobiernos locales.

Como está planteada la cuestión en la Ley de Responsabilidad Fiscal, “congelando” las plantas de agentes al mágico y arbitrario momento del 31/12/17, solo cabe interpretar una posición ideológica viciada de preconceptos, un menoscabo a la labor de los agentes municipales y un injusto desconocimiento a la necesidad que tienen muchos municipios de ampliar su planta de agentes para poder hacer frente a los servicios que un gobierno local debe afrontar que, a la sazón, y en virtud al fortalecimiento global de las autonomías locales, son cada vez mayores. En este punto también se deja vislumbrar la manera de limitar a los municipios respecto de su crecimiento y desarrollo local.

Otra cuestión que queremos destacar es que existen municipios, aún con similares características, con ingresos muy dispares. Entonces: ¿por qué esos municipios que hoy están postergados en los recursos, cuando aumenten esa capacidad de recaudar no van a poder aumentar su gasto corriente en un monto mayor a ese 10%, prestando servicios de calidad a sus vecinos y hasta recurrir al crédito si es necesario para reconvertir los servicios?.

Esto se provoca por el criterio irracional de la Ley de Responsabilidad Fiscal de tratar las distintas realidades de los Municipios de manera uniforme, estadística, de promedio y perdiendo el interés que debiera mover a la gobernación sobre la población bonaerense, que no es más ni menos que la sumatoria de las comunidades locales juntos a sus particulares y diferentes realidades.

A veces para reconvertir los servicios se necesita recurrir al crédito. Lo absurdo es que un gobierno Nacional y Provincial que tiene como política de crecimiento el endeudamiento público y exterior, no permita que los municipios puedan tomar deuda sino es con la sujeción a un régimen de sometimiento discrecional de los Intendentes al Ministro de Economía.

El Bloque de Unidad Ciudadana, no puede someter a votación la adhesión a esta norma porque es groseramente inconstitucional tanto en la forma como en su contenido. Los Municipios son testigos, más que nadie por la proximidad con la comunidad, de las necesidades públicas de nuestros vecinos, y en esta línea desea trabajar conjuntamente y de manera mancomunada con el Gobierno Provincial para ejecutar las políticas orientadas al bien común. Pero ello no significa que se deba renunciar a nuestras atribuciones y responsabilidades constitucionales propias del Municipio, ni desconocer la autonomía de nuestro gobierno local adhiriendo a un régimen inconstitucional plagado de preconceptos y falacias que no llevarán solución a los problemas de nuestros vecinos.

Considerando todo lo hasta aquí mencionado, el Bloque de Unidad Ciudadana de Zarate, sostiene que el municipio debe bregar por una mayor autonomía municipal en materia económico financiera de manera de dar respuesta efectiva a las mayores demandas sociales que se presentan en la actualidad.

En este contexto, fue que un grupo de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires, presentaron un proyecto de ley solicitando se modifique la presente Ley, el cual aún no ha sido debatido en la cámara de Diputados de la Provincia, proponemos darnos un tiempo para este debate hasta tanto la Legislatura no se expida al respecto.

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